La reciente campaña mediática que se ha desatado en Venezuela tras la promulgación de las 26 leyes habilitantes por parte del presidente Hugo Chávez Frías, ha estado centrada en defender realmente los intereses capitalistas nacionales y sus socios de las empresas trasnacionales, quienes por años han hecho en este país lo que les ha venido en gana, tratándonos no como una Nación soberana, sino como una República Bananera.
De tal manera, hemos visto utilizar un mismo tono, un mismo mensaje y una misma direccionalidad informativa en radios, televisoras y periódicos impresos, desde donde se ha pretendido satanizar –sin que nunca medie el análisis profundo de su contenido- las 26 leyes habilitantes.
El objetivo comunicacional es el de siempre, generar una realidad mediática, que permita formar una matriz de opinión basada únicamente con mensajes y guiones que adversen y eliminen a priori, cualquier consideración positiva sobre el conjunto de leyes habilitantes.
Si se realizara una encuesta en las principales ciudades del país, seguro nos encontraríamos con la desagradable sorpresa que 99 por ciento de los que se declaran opositores a las leyes habilitantes no conocen sus contenidos, ni cuales son sus ventajas comparativas en relación al marco jurídico actual.
Si se le preguntara a cada uno de los encuestados por qué tienen esa opinión negativa seguramente el 100 por ciento respondería que lo escuchó en tal o cual medio de comunicación, lo cual pareciera ser suficiente para legitimarles una opinión. Y es que casi la totalidad de quienes se hacen portadores de estos conceptos carecen de criterio propio, limitándose al incómodo papel de ser repetidores de oídas.
Así vemos como el bombardeo mediático distorsiona en el sujeto su relación con lo social, en cuanto a lo que son sus verdaderas prioridades, impidiéndole reconocer el punto de partida de sus intereses y derechos ciudadanos; y por cuyo perverso efecto siempre antepondrán el patrón conductual alienante impuesto desde la maqinaria mediática.
Las 26 leyes habilitantes en su conjunto han sido diseñadas para asegurarle la calidad de vida al venezolano en todo un conjunto de áreas estratégicas, desde el suministro de hidrocarburos, la estabilidad financiera pasando por la seguridad alimentaria entre otros aspectos.
Si por ejemplo, si repasamos a “grosso modo” dos o tres de los artículos más resaltantes de la Ley de Seguridad y soberanía Alimentaria, sin duda notaríamos que es el ciudadano común, el ciudadano de a pie, quien resulta el más beneficiado. Cuando ésta expresamente determina que ante eventuales acontecimientos el Gobierno puede declarar: “utilidad pública e interés social las actividades y bienes afectos a la producción agroalimentaria, comercialización, importación, exportación y distribución”. (Artículo 3 de la referida Ley).
A la misma conclusión llegarían muchos de estos “loritos repetidores” si se tomaran el tiempo para leer los artículos 35 y 38 referente a eliminar el acaparamiento y la distribución selectiva de alimentos, algo que venían haciendo a su antojo las grandes empresas capitalistas y trasnacionales: Es indispensable garantizar que los habitantes de las zonas productoras tengan acceso al producto, para evitar la práctica mercantil de trasladar la totalidad de los productos agrícolas o de los insumos agroindustriales fuera de la comunidad que los produjo, causando el desabastecimiento en ésta o el encarecimiento del precio del producto, pues regresa a la población que le dio origen, con un precio elevado.
La soberanía debe partir de la formación y toma de conciencia del pueblo ante los procesos de cambio, fomentar el respaldo popular a las 26 leyes habilitantes impedirá que el pueblo pueda ser utilizado como chivo expiatorio de la insensatez de la conjura mediática.
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La reciente campaña mediática que se ha desatado en Venezuela tras la promulgación de las 26 leyes habilitantes por parte del presidente Hugo Chávez Frías, ha estado centrada en defender realmente los intereses capitalistas nacionales y sus socios de las empresas trasnacionales, quienes por años han hecho en este país lo que les ha venido en gana, tratándonos no como una Nación soberana, sino como una República Bananera.
De tal manera, hemos visto utilizar un mismo tono, un mismo mensaje y una misma direccionalidad informativa en radios, televisoras y periódicos impresos, desde donde se ha pretendido satanizar –sin que nunca medie el análisis profundo de su contenido- las 26 leyes habilitantes.
El objetivo comunicacional es el de siempre, generar una realidad mediática, que permita formar una matriz de opinión basada únicamente con mensajes y guiones que adversen y eliminen a priori, cualquier consideración positiva sobre el conjunto de leyes habilitantes.
Si se realizara una encuesta en las principales ciudades del país, seguro nos encontraríamos con la desagradable sorpresa que 99 por ciento de los que se declaran opositores a las leyes habilitantes no conocen sus contenidos, ni cuales son sus ventajas comparativas en relación al marco jurídico actual.
Si se le preguntara a cada uno de los encuestados por qué tienen esa opinión negativa seguramente el 100 por ciento respondería que lo escuchó en tal o cual medio de comunicación, lo cual pareciera ser suficiente para legitimarles una opinión. Y es que casi la totalidad de quienes se hacen portadores de estos conceptos carecen de criterio propio, limitándose al incómodo papel de ser repetidores de oídas.
Así vemos como el bombardeo mediático distorsiona en el sujeto su relación con lo social, en cuanto a lo que son sus verdaderas prioridades, impidiéndole reconocer el punto de partida de sus intereses y derechos ciudadanos; y por cuyo perverso efecto siempre antepondrán el patrón conductual alienante impuesto desde la maqinaria mediática.
Las 26 leyes habilitantes en su conjunto han sido diseñadas para asegurarle la calidad de vida al venezolano en todo un conjunto de áreas estratégicas, desde el suministro de hidrocarburos, la estabilidad financiera pasando por la seguridad alimentaria entre otros aspectos.
Si por ejemplo, si repasamos a “grosso modo” dos o tres de los artículos más resaltantes de la Ley de Seguridad y soberanía Alimentaria, sin duda notaríamos que es el ciudadano común, el ciudadano de a pie, quien resulta el más beneficiado. Cuando ésta expresamente determina que ante eventuales acontecimientos el Gobierno puede declarar: “utilidad pública e interés social las actividades y bienes afectos a la producción agroalimentaria, comercialización, importación, exportación y distribución”. (Artículo 3 de la referida Ley).
A la misma conclusión llegarían muchos de estos “loritos repetidores” si se tomaran el tiempo para leer los artículos 35 y 38 referente a eliminar el acaparamiento y la distribución selectiva de alimentos, algo que venían haciendo a su antojo las grandes empresas capitalistas y trasnacionales: Es indispensable garantizar que los habitantes de las zonas productoras tengan acceso al producto, para evitar la práctica mercantil de trasladar la totalidad de los productos agrícolas o de los insumos agroindustriales fuera de la comunidad que los produjo, causando el desabastecimiento en ésta o el encarecimiento del precio del producto, pues regresa a la población que le dio origen, con un precio elevado.
La soberanía debe partir de la formación y toma de conciencia del pueblo ante los procesos de cambio, fomentar el respaldo popular a las 26 leyes habilitantes impedirá que el pueblo pueda ser utilizado como chivo expiatorio de la insensatez de la conjura mediática.
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